El 11 de diciembre de 1997, en la ciudad de Kioto, Japón, se adoptó el Protocolo de Kioto, un tratado vinculante al amparo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Tras cinco intensas semanas de negociación en la 3.ª Conferencia de las Partes (COP 3), los países industrializados acordaron por primera vez objetivos cuantificados de reducción de gases de efecto invernadero (GEI), tras constatar el avance de la evidencia científica sobre el calentamiento global y sus riesgos para la estabilidad climática y la seguridad humana.
El contexto que impulsó Kioto se remonta a los años noventa, cuando los Informes del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) consolidaron la certeza de que las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono, metano y otros GEI elevarían la temperatura media global, exacerbando fenómenos meteorológicos extremos, la inundación de costas y la pérdida de biodiversidad. La Declaración de Río de 1992 había sentado las bases normativas, pero dejó sin metas de cumplimiento obligatorio. Kioto respondió a la demanda de pequeños Estados insulares, países europeos y organizaciones no gubernamentales de establecer tandas concretas y supervisadas para contener las emisiones.
Los artífices políticos del Protocolo incluyeron al presidente de la COP 3, el diplomático argentino Raúl Estrada-Oyuela, y al Secretario Ejecutivo de la CMNUCC, Michael Zammit Cutajar, quienes facilitaron un delicado equilibrio entre el Grupo de los 77 más China (G77+China) y las naciones de la OCDE. La negociación giró en torno al principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, que pidió a los países desarrollados —catalogados como Anexo I— asumir la carga principal de la mitigación, mientras que las naciones en desarrollo mantenían la posibilidad de crecimiento económico antes de asumir obligaciones.
El texto acordado estableció que, en el primer período de compromiso (2008–2012), los Estados Anexo I reducirían sus emisiones de GEI en un promedio mínimo del 5 % respecto a los niveles de 1990. Para lograrlo, se crearon tres mecanismos de flexibilidad: el Comercio de Emisiones (permite comprar y vender asignaciones), la Implementación Conjunta (proyectos entre países desarrollados) y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) (iniciativas en países en desarrollo). Asimismo, se definió un sistema de cumplimiento con inventarios anuales, revisiones internacionales y sanciones para los incumplidores.
Quienes apoyaron con más fuerza el Protocolo vieron en él un avance histórico. Europa jugó un papel proactivo, comprometiéndose incluso a objetivos más ambiciosos (–8 % en la UE). ONG ambientales como Greenpeace y WWF celebraron la adopción de metas legales, mientras que los países insulares del Pacífico obtuvieron un símbolo de esperanza ante la amenaza de desaparición de sus territorios por el aumento del nivel del mar. Además, el Protocolo incentivó la innovación tecnológica y el desarrollo de energías renovables, generando nuevos mercados en la ingeniería ambiental y la financiación verde.
Sin embargo, emergieron resistencias significativas. El Gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Bill Clinton, firmó el Protocolo, pero el Senado aprobó la Ley Byrd–Hagel (1997), que rechazaba compromisos que no incluyeran obligaciones para los países en desarrollo. Posteriormente, la administración de George W. Bush declinó la ratificación, citando preocupaciones sobre el impacto económico y la competitividad estadounidense. Grandes corporaciones de petróleo, carbón y gas natural argumentaron que los costes de cumplimiento serían excesivos y encarecerían la energía, mientras que varios países emergentes, liderados por China e India, defendían que sus necesidades de desarrollo requerían flexibilidad.
El Protocolo de Kioto entró finalmente en vigor el 16 de febrero de 2005, tras la ratificación de Rusia, lo que superó el umbral del 55 % de las emisiones de Anexo I. Sus consecuencias fueron mixtas. En el ámbito institucional, consolidó las negociaciones climáticas como foro permanente (las sucesivas COP) y litó la base para el Mercado del Carbono, llegando a transarse cientos de millones de toneladas de CO₂ equivalente anuales. Tecnologías como la eficiencia energética y los proyectos MDL demostraron ser viables y generaron flujos de inversión hacia Asia y América Latina.
No obstante, los resultados globales no alcanzaron las expectativas: las emisiones globales siguieron subiendo, impulsadas por el rápido crecimiento de China, India y otros países no obligados por Kioto en su primer período. La falta de compromiso de los mayores emisores y la limitada ambición de algunos países europeos creó un déficit de mitigación. Estos problemas motivaron la búsqueda de un nuevo acuerdo más inclusivo, dando paso finalmente al Acuerdo de París (2015), en el que todos los países asumen compromisos voluntarios con revisión periódica.
En síntesis, el Protocolo de Kioto de 1997 constituyó un hito al establecer por primera vez metas obligatorias de reducción de emisiones para las naciones desarrolladas y al crear los mecanismos de mercado que darían forma a la diplomacia climática del siglo XXI. Pese a sus limitaciones y al abandono de algunos actores clave, dejó un legado duradero en la construcción de marcos de cooperación internacional, el auge de los instrumentos económicos para la mitigación y la conciencia global de que la lucha contra el cambio climático exige acciones colectivas, coordinadas y sostenidas.
Referencias.
Babiker, M., Reilly, J. M., & Jacoby, H. D. (2000). The Kyoto Protocol and developing countries. Energy policy, 28(8), 525-536.
Barrett, S. (1998). Political economy of the Kyoto Protocol. Oxford review of economic policy, 14(4), 20-39.
Böhringer, C. (2003). The Kyoto protocol: a review and perspectives. Oxford Review of Economic Policy, 19(3), 451-466.
Grubb, M. (2004). The economics of the Kyoto Protocol. In The economics of climate change (pp. 92-134). Routledge.
Protocol, K. (1997). Kyoto protocol. UNFCCC Website. Available online: http://unfccc. int/kyoto_protocol/items/2830. php (accessed on 1 January 2011), 230-240.
Rosenqvist, Å., Milne, A., Lucas, R., Imhoff, M., & Dobson, C. (2003). A review of remote sensing technology in support of the Kyoto Protocol. Environmental Science & Policy, 6(5), 441-455.
Telesetsky, A. (1999). The Kyoto Protocol. Ecology Law Quarterly, 26(4), 797-813.
No hay comentarios:
Publicar un comentario