El marco teórico-legal que sustenta el proyecto ambiental está conformado por una serie de hitos históricos, normativos y conceptuales que han orientado la relación entre las sociedades humanas y el entorno natural. Desde las primeras regulaciones implícitas en normas religiosas y costumbres tradicionales, hasta los tratados internacionales contemporáneos y la legislación ambiental nacional, este conjunto de referencias jurídicas ha evolucionado en respuesta a los desafíos ecológicos globales, el avance del conocimiento científico y la necesidad de garantizar condiciones de vida dignas para las presentes y futuras generaciones.
Comprender este marco implica reconocer que el derecho ambiental no surge de manera aislada, sino como parte de una construcción progresiva en la que confluyen diversas culturas, intereses y contextos políticos. A lo largo de la historia, la humanidad ha generado instrumentos legales que buscan no solo mitigar los impactos negativos sobre los ecosistemas, sino también promover un desarrollo armónico y sostenible, en el que el ambiente se entienda como un bien común, con valor ecológico, social y cultural.
En este recorrido se destacan acuerdos internacionales como el Convenio de Ramsar sobre humedales, las grandes conferencias de Naciones Unidas —como Estocolmo (1972), Río 1.0 (1992) y Río+20 (2012)—, así como tratados clave como el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París, que han sentado precedentes jurídicos fundamentales para la acción climática y la protección de la biodiversidad. Asimismo, se incluyen referentes conceptuales como la Conferencia de Tbilisi (1977), que estableció los principios rectores de la educación ambiental, y la labor de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, cuya propuesta de desarrollo sostenible ha sido transversal a la normativa ambiental contemporánea.
En el plano nacional, la normativa colombiana ha incorporado estos lineamientos dentro de un marco legal propio que incluye leyes, decretos, políticas públicas y directrices educativas. que promueve la educación ambiental como un eje transversal en la formación integral de los estudiantes. Entre las principales normas que sustentan esta iniciativa se encuentran:
- Ley 23 de 1973 cuyo objeto es prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente, y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional.
- DECRETO 1377 DE 1978. CÓDIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES Y RENOVABLES Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. Obliga incluir el medio ambiente y la preservación en el currículo escolar.
- LEY 99 DE 1993, que crea el Ministerio del Medio Ambiente y establece los principios generales para la gestión ambiental en Colombia. Esta ley reconoce la importancia de la participación ciudadana y la educación como herramientas clave para la protección del ambiente.
- Decreto 1860 de 1994, que reglamenta la organización de la educación formal en Colombia e incluye los PRAE como parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI), promoviendo la integración de la dimensión ambiental en los procesos pedagógicos.
- Acuerdo 61/2003 por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental (PIGA) del Distrito Capital a través del cual se establecen una serie de principios rectores de la política ambiental Distrital.
- Acuerdo 166 de 2005 "por medio del cual se crea el comité ambiental escolar (CAE) en los colegios públicos y privados de Bogotá.
- Guía PRAE del Ministerio de Ambiente, que orienta a las instituciones educativas en la formulación, ejecución y evaluación de sus proyectos ambientales escolares, promoviendo la contextualización territorial, la participación activa de la comunidad y la articulación con otras estrategias ambientales del país.
Esta legislación refleja la voluntad del país de integrarse a la agenda ambiental global, adaptándola a sus condiciones socioculturales y ecológicas.
Este marco general ofrece, por tanto, los fundamentos éticos, políticos y jurídicos que orientan la construcción de proyectos ambientales educativos y comunitarios, y permite analizar críticamente los avances y desafíos en la gestión ambiental desde una perspectiva integral, interdisciplinaria y participativa.
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