El 3 de junio de 1992, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, dio inicio la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocida popularmente como la Cumbre de la Tierra o Rio 92. Durante dos semanas, más de 170 gobiernos, junto con representantes de ONG, empresas y pueblos indígenas, se reunieron para redefinir el vínculo entre desarrollo económico y protección ambiental. Este encuentro se concibió como un paso decisivo tras los aprendizajes de Estocolmo (1972) y Brundtland (1987), con el objetivo de articular un consenso global capaz de enfrentar la emergencia ecológica sin frenar el crecimiento.
El trasfondo de Río 92 incluyó la creciente atención a fenómenos globales: el calentamiento climático, evidenciado por reportes sobre el efecto invernadero; la dramática pérdida de biodiversidad, reflejada en la creciente tasa de extinción de especies; y la degradación de bosques tropicales, con alarmantes tasas de deforestación en la Amazonía. A esto se sumaron crisis humanitarias en regiones empobrecidas, donde la pobreza exacerbaba la presión sobre recursos frágiles, y el auge de una sociedad civil globalizada que exigía mayor transparencia y participación.
Entre los impulsores más destacados estuvieron el presidente brasileño Fernando Collor de Mello, quien cedió gratuitamente la sede, y líderes como Gro Harlem Brundtland, ex presidenta de la Comisión Brundtland, y Maurice Strong, designado Secretario General de la Conferencia. Organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC) prepararon informes clave que sirvieron de base científica a las negociaciones. Además, el protagonismo de grupos indígenas introdujo el principio de “justicia intergeneracional”, enfatizando la voz de quienes históricamente habían sido excluidos.
El texto central resultante fue la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, compuesta por 27 principios que abarcaron desde el derecho al desarrollo hasta la responsabilidad de evitar daños ambientales a otros países. Paralelamente se adoptó el plan de acción global Agenda 21, con más de hundred recomendaciones para gobiernos nacionales, regiones y municipios, estructuradas en capítulos sobre gestión de recursos y participación ciudadana. Además, se abrió la firma de tres tratados fundamentales: la Convención sobre Diversidad Biológica, la CMNUCC y los Principios Rectores para Bosques, sentando las bases de futuros protocolos.
Los intereses a favor de la Cumbre convergieron en la urgente necesidad de generar un marco jurídico internacional capaz de no repetir los errores del pasado. Sectores académicos y científicos respaldaron la Agenda 21 como un instrumento integrador; empresas de tecnologías limpias vislumbraron nuevos mercados en energías renovables y eficiencia; y gobiernos de países en desarrollo confiaron en la promesa de transferencia de tecnología y financiamiento para compatibilizar crecimiento y conservación. La inclusión de la sociedad civil, por primera vez con voz oficial, fortaleció la legitimidad del proceso.
Sin embargo, surgieron fuertes objeciones. Industrias de combustibles fósiles y grandes conglomerados mineros temían regulaciones que encarecieran sus operaciones. Algunos países desarrollados resistieron compromisos vinculantes, argumentando que un exceso de obligaciones pondría en riesgo sus economías. Sectores del Sur Global denunciaron la persistente asimetría Norte‑Sur, reclamando que las metas ambientales no se impusieran sin garantías de apoyo económico y tecnológico. Estas tensiones quedaron de manifiesto en la dilatada negociación del futuro Protocolo de Kioto, que tardaría hasta 1997 en concretarse.
A mediano y largo plazo, Río 92 generó consecuencias significativas. La creación del Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques y el establecimiento de secretarías permanentes para la CMNUCC y la Convención sobre Diversidad Biológica proporcionaron estructura a los nuevos tratados. La Agenda 21 inspiró la elaboración de planes nacionales y locales de desarrollo sostenible, e introdujo la práctica de la Evaluación de Impacto Ambiental como requisito previo a grandes proyectos. La Declaración de Río se convirtió en referencia ética para gobiernos y empresas, influyendo en políticas públicas y estrategias corporativas.
No obstante, la implementación enfrentó desafíos persistentes: la falta de mecanismos coercitivos, la insuficiente financiación a los países más vulnerables y la variabilidad política de los gobiernos limitaron la efectividad de los acuerdos. A pesar de ello, la Cumbre de Río marcó un punto de inflexión al articular el concepto de “economía verde”, sentar las bases de numerosos Objetivos de Desarrollo Sostenible y consolidar la idea de que el futuro humano depende de la salud del planeta. Su legado perdura en cada negociación climática y en la creciente integración de la sostenibilidad en agendas nacionales y globales.
Referencias.
Weiss, E. B. (1992). United Nations conference on environment and development. International Legal Materials, 31(4), 814-817.
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