La realización del proyecto ambiental escolar PRAE, que se refuerza con el enfoque orientado al dibujo natural y la historia natural, encuentra su fundamento en un extenso y robusto marco jurídico colombiano y distrital. Esta iniciativa no solo se alinea con las normativas nacionales e internacionales en materia de protección ambiental, sino que también amplía y fortalece las directrices establecidas en diversas leyes, decretos y acuerdos, lo cual garantiza su pertinencia y factibilidad a múltiples niveles.
En el ámbito internacional, documentos fundamentales como la Declaración de Estocolmo y la Declaración de Río de Janeiro han sentado las bases para el derecho soberano de los estados en la gestión y explotación responsable de sus recursos naturales. Estas declaraciones subrayan la necesidad de proteger el medio ambiente para evitar daños transfronterizos y garantizar el bienestar de las generaciones futuras. La Cumbre de Johannesburgo complementa estos planteamientos al establecer metas cuantificables que han impulsado la Agenda 21 y la implementación de políticas de desarrollo sostenible a nivel global.
A nivel nacional, Colombia ha consolidado un sólido cuerpo legal en materia ambiental. La Constitución Política de 1991 establece la protección del ambiente como un derecho fundamental y obliga al Estado a implementar políticas que aseguren la gestión sostenible de los recursos naturales. La Ley 23 de 1973, orientada a prevenir y controlar la contaminación, y el Decreto 1743 de 1994, que convierte la educación ambiental en un área obligatoria en los planteles educativos, son ejemplos claros de cómo la normativa colombiana impulsa la integración de contenidos ambientales en la educación. Además, la Ley General de Educación 115 de 1994 refuerza la formación integral de los estudiantes, incluyendo la dimensión ambiental como parte esencial de su desarrollo.
En el contexto de la protección ambiental y el manejo sostenible de los recursos, Colombia ha ratificado importantes tratados internacionales, como el Tratado de Cooperación Amazónica (Ley 74 de 1979), el Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe (Ley 56 de 1987), y el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (Ley 56 de 1987). Estos instrumentos internacionales refuerzan la obligación del país de mantener políticas de conservación y sostenibilidad que se reflejan en las prácticas y programas educativos.
Complementariamente, leyes más recientes como la Ley 99 de 1993, que crea el Ministerio del Medio Ambiente y establece la concertación interinstitucional para la educación ambiental, y la Ley 1715 de 2014, orientada a fomentar el desarrollo y uso de energías renovables, demuestran la evolución del marco normativo colombiano hacia un enfoque integral y actualizado de la gestión ambiental. Asimismo, la Ley 70 de 1993 integra la dimensión ambiental en programas de etnoeducación dirigidos a comunidades afrocolombianas, resaltando la diversidad cultural y la importancia de preservar tradiciones vinculadas al entorno natural.
A nivel distrital, normativas como el Acuerdo 166 de 2005, que crea los Comités Ambientales Escolares en Bogotá, y la Política Pública Distrital de Educación Ambiental (PPDEA) de 2007, han establecido directrices específicas para la implementación de prácticas y programas ambientales en el ámbito escolar. Estas normativas no solo facilitan la incorporación de contenidos ambientales en el currículo, sino que también promueven la participación activa de la comunidad educativa en la gestión y vigilancia del entorno local.
El enfoque PRAE, basado en el dibujo natural y la historia natural, se erige como una herramienta innovadora que complementa y enriquece este marco normativo. Al integrar metodologías CTSA y STEAM, el proyecto no solo responde a las exigencias de la legislación, sino que también aporta a la actualización de otros instrumentos normativos y orientadores. Por ejemplo, la experiencia práctica en la representación visual de la biodiversidad y la narración de la historia natural pueden servir como insumo para la formulación de nuevos lineamientos en programas de educación ambiental, así como para la implementación de estrategias en la Política Nacional de Cambio Climático y en los Planes Nacionales de Desarrollo que buscan una mayor sostenibilidad y resiliencia ambiental.
Asimismo, el PRAE promueve la colaboración interinstitucional, facilitando la integración de saberes y prácticas que pueden ser replicadas en otros contextos y convertirse en modelos para la articulación de políticas ambientales a nivel local y nacional. La capacidad de vincular el conocimiento artístico con fundamentos científicos contribuye a la construcción de una ciudadanía crítica y comprometida, fortaleciendo la participación en procesos de gestión ambiental y el cumplimiento de metas legales en materia de educación y conservación.
- Normas religiosas y primeras legislaciones ambientales.
- Legislación legal entre la edad media y la era moderna.
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