Antecedentes regionales

Según Gaudiano (2001), la Declaración de Estocolmo, Suecia, en junio de 1972, no generó un gran interés en América Latina y el Caribe. El documento no reflejaba las diferencias entre los problemas ambientales de los países desarrollados y los países en desarrollo. Además, respondía a la visión educacionista predominante en la época, asignando a la educación un papel socialmente trascendente sin considerar la necesidad de cambios estructurales en otras áreas de la vida pública. De este modo, parecía asumir que la sola educación de la población bastaría para modificar las condiciones imperantes.

Ante la necesidad de definir una postura latinoamericana sobre política ambiental y en respuesta a los planteamientos del Club de Roma sobre Los límites del crecimiento, en 1974 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Unesco organizaron el Seminario sobre Modelos de Utilización de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Estrategias de Desarrollo en Cocoyoc, México. En este evento se criticó abiertamente el modelo de desarrollo dominante y se exploraron alternativas que combatieran las desigualdades sociales generadas por dicho modelo. Se cuestionó el consumismo de los países desarrollados y la inequidad internacional, subrayando la importancia de considerar las características culturales y ecológicas de cada región. En este contexto, la problemática ambiental fue abordada no solo desde la perspectiva ecológica, sino también como una cuestión socioeconómica, cultural y política.

A partir de la Conferencia de Estocolmo, se creó el PNUMA, se estableció el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente y se otorgó a la Unesco y al PNUMA el mandato de desarrollar un Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA). En 1975, se aprobó el primer proyecto trienal del PIEA (1975-1977), que incluyó un estudio para identificar programas existentes, necesidades y prioridades de los Estados miembros. Ese mismo año, durante el Seminario Internacional sobre Educación Ambiental celebrado en Belgrado, Yugoslavia, se formuló la Carta de Belgrado, un documento que reconoció la creciente brecha entre países y el deterioro ecológico. Esta carta apeló a la necesidad de un nuevo orden económico y un desarrollo más equitativo y sostenible, rechazando el consumismo y abogando por una ética más humana. No obstante, el documento reflejaba una visión teleológica y voluntarista de la educación, asumiendo que por sí sola podría transformar la realidad sin una vinculación efectiva con otras políticas públicas.

En 1976, se celebró en Chosica, Perú, el Taller Subregional de Educación Ambiental para la Enseñanza Secundaria, con la participación de representantes de Cuba, Panamá, Perú y Venezuela, además de observadores de Argentina y Brasil. A pesar de la limitada representación regional, el taller destacó que, a diferencia de los países desarrollados, la crisis ambiental en América Latina no derivaba de la sobreexplotación y el derroche, sino de la insatisfacción de necesidades básicas. Se vinculó así el deterioro ambiental con problemas como la desnutrición, el analfabetismo, el desempleo y la insalubridad.

A finales de 1976 y principios de 1977, se realizaron reuniones regionales preparatorias para la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental, que se llevaría a cabo en Tbilisi, URSS, en octubre de 1977. La reunión de América Latina y el Caribe tuvo lugar en Bogotá, Colombia, donde se constató que los problemas de la región eran similares a los de otros países en desarrollo: la creciente desigualdad entre naciones ricas y pobres, la polarización social interna, el acelerado crecimiento demográfico, la explotación indiscriminada de recursos naturales, el avance descontrolado de la urbanización y la falta de conocimientos sobre ecosistemas y su manejo.

La educación ambiental (EA) comenzó a ser reconocida como un componente clave para lograr transformaciones estructurales. Sin embargo, los proyectos emprendidos hasta entonces carecían de una vinculación efectiva con procesos educativos concretos, lo que limitó su impacto. Las dificultades en la implementación de la EA derivaban de varios factores:

• Un sistema educativo con tendencias autoritarias en la educación básica y enciclopedistas en la educación superior, con baja eficacia y falta de preparación docente.
• Un currículum rígido y fragmentado que obstaculizaba la integración del conocimiento con la realidad local.
• Una educación predominantemente pasiva, que no promovía la participación activa de los estudiantes en su entorno.
• La marcada desigualdad entre la educación pública y privada, con circuitos diferenciados para la inserción laboral.
• La resistencia de las autoridades educativas a incorporar la EA, ya que se promovía desde instancias ambientales y no desde el sistema educativo.
• La falta de una legislación específica que dejaba la EA a la discreción de cada funcionario en turno.

El impacto de la EA fue mayor en las clases medias urbanas y en organizaciones ambientalistas no gubernamentales, que generalmente adoptaron un enfoque conservacionista. Sin embargo, estos proyectos tendían a centrarse en la protección de especies o áreas naturales, sin abordar los componentes económicos, políticos y culturales del problema, lo que contradecía los principios sistémicos de la ecología en los que supuestamente se sustentaban.

A partir de 1992, con la Cumbre de Río de Janeiro, se fortalecieron diversas iniciativas en América Latina: la incorporación de la dimensión ambiental en los currículos educativos, la creación de programas académicos especializados, la consolidación de redes de educadores ambientales y la proliferación de estudios y experiencias en la región. En 1994, la Unesco organizó en Santiago de Chile el Seminario Taller Regional sobre Educación e Información en Medio Ambiente, Población y Desarrollo Humano Sustentable, promoviendo un enfoque integrado bajo el proyecto Ambiente, Población y Desarrollo (EPD).

En 1995, en Quito, Ecuador, la UICN y la Unesco convocaron la Reunión para América Latina sobre la Gestión de Programas Nacionales de Educación y Capacitación para el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde se consolidó una red regional de educación ambiental. Un año después, en 1996, durante la Cumbre de las Américas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se adoptó la Declaración y Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable de las Américas, fortaleciendo el compromiso de la región con la educación ambiental y el desarrollo sostenible.